Por Lucio Agustin Torres
El escándalo
de corrupción, con epicentro en las empresas brasileras y el caso Lava Jato que
ha explotado en el Perú, compromete las últimas cuatro décadas de gobiernos
sucesivos. Hace tres años estalló una de las
investigaciones más grandes por corrupción en Brasil y Latinoamérica. El impacto del proceso –que envió a
prisión a los dueños de las principales constructoras y a políticos
del gigante sudamericano– se extendió a otros países. La
lista negra de los investigados en Lima, encabezada por el ex - presidente
Alejandro Toledo, pero en la que también aparecen Ollanta Humala y Alan García,
amenaza extenderse por mucho tiempo como la fuerza de un terremoto que arrase
las mismas estructuras de poder y el cuestionamiento a un modelo económico
diseñado para delinquir.
Hablamos de la privatización de la economía, el remate a precio huevo de
las empresas de todos los peruanos, de la constitución fujimorista 1993 – en el
capítulo económico, donde el estado solo tiene el papel de invitado a la
desregulación de la economía. Hablamos de la evasión y elusión de impuestos, de
los contratos de Pro inversión y las puertas giratorias (representantes del
sector privado en el manejo del estado). En nombre del marco jurídico y la
estabilidad democrática, los grupos privados han usado el estado y los
gobiernos que se han sucedido - como una
oportunidad de crecer, basado en un modelo corrupto y delictivo.
Lava Jato
El 17 de marzo del 2014, la detención de un contrabandista de dinero
llamado Alberto Youssef originó un terremoto
en Brasil. Aquel fue el inicio de la pesquisa policial más
grande por corrupción y lavado de dinero en Brasil y Latinoamérica: el Caso Lava Jato. El impacto
golpeó en el Perú a los más altos ejecutivos de los últimos cuatro gobiernos
del país, desde que se recuperó la democracia de manos de la dictadura
fujimorista en el 2000. Hoy, el ex - presidente Alejandro Toledo,
con orden de captura nacional e internacional, luego de ser acusado de recibir
un millonario soborno– arrastra a sus sucesores, Alan García, Ollanta
Humala y el actual Jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, que están en
la mira de las autoridades por sus nexos con un cartel de constructoras brasileñas
encabezadas por la multinacional Odebrecht. En el Perú, las principales mega obras
de construcción del siglo XXI han sido edificadas por compañías del país de la
samba: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, UTC y
OAS. Desde la Interoceánica, que creó una vía de comunicación entre el Océano
Pacífico y el Atlántico; el Gasoducto para el traslado del gas de Camisea desde
Cusco; hasta el Tren Eléctrico en Lima y la edificación de centrales
hidroeléctricas, infraestructura portuaria, servicio de agua potable,
alcantarillado y proyectos de irrigación y mineros con compañías como
Yanacocha, Antamina y Cerro Verde.
El Perú creció a ritmo de coima
El proceso de privatizaciones en el decenio fujimorista, pone en
evidencia los manejos oscuros del interés privado sobre los recursos del
estado. Sin
transparencia, criterio técnico y pasando por alto el interés nacional, las
empresas públicas fueron rematadas y no siempre al mejor postor. Para muestra
un botón, algunos ejemplos: la
privatización de sol gas; En agosto de
1992 se vendió el 84.1% de acciones de la Empresa Nacional de Gas SOLGAS a $
7,5 millones cuando sólo el año anterior había obtenido utilidades de $ 2,9
millones de ingresos ascendentes a más de $ 46 millones.
Economía Monopólica
El Perú, históricamente, se ha caracterizado por tener una muy alta
concentración de recursos económicos en manos de grandes familias y capitales
extranjeros (haciendas, propiedades urbanas, fábricas y empresas) con altos
niveles de influencia y continuada a inicios de la República, a pesar de
algunos cambios que son producto de la modernización y el desarrollo social, se
mantiene en lo fundamental. Desde 1990, el Estado promocionó las grandes inversiones
—en especial, las extractivas— y facilitó la reconcentración del poder
económico. Al mismo tiempo, evitó aplicar sanciones en los casos de deterioro
ambiental y abuso de posición de mercado, evidenciando una acentuada debilidad
regulatoria y tardando en reconocer derechos como la consulta previa en los
casos de inversiones extractivas que impactaran a los pueblos indígenas. Esta
tendencia a la privatización ocurrió al mismo tiempo que se concentró el poder
económico en un pequeño núcleo de los Grupos de Poder Económico (12) que compró
activos del Estado, los cuales se fusionaron gracias a los incentivos
tributarios de los años 90, por lo que sus miembros terminaron siendo dueños de
las mejores tierras. Igual sucedió con las concesiones mineras, energéticas,
petroleras, gasíferas y forestales, que contaron con contratos de estabilidad
jurídica y normas de protección de la inversión de los tratados de libre
comercio.
En otras palabras - la economía peruana manejada por grupos de poder
económico monopolizados. De un total de 8000 empresas exportadoras en 2015, 464
grandes empresas concentran el 80% del total de exportaciones, predominando las
del sector minero. Cada grupo económico está compuesto por un aproximado de 38
empresas que se desarrollan en los diferentes sectores de la economía peruana.
El perro muerto como conducta
“Los S/ 93.629 millones,
que no recaudó el Estado en la última década, equivalen a un 30% más de lo
que se requiere para instalar redes de agua y desagüe en todos los hogares a
nivel nacional”
Las corporaciones trasnacionales, Telefónica (España) con una
deuda que asciende a más de S/ 4 mil millones, al margen de las onerosas
sanciones impuestas en diferentes ocasiones por el órgano supervisor de las
telecomunicaciones (Osiptel); y la petrolera Pluspetrol (con sede en Holanda)
que debe S/ 3 mil millones, y que es conocida por sus sanciones por
contaminación e infracciones ambientales en la Amazonía norte del país. De este
total, las 50 compañías que más le deben al Estado tienen una acreencia que
alcanza los S/ 15.600 millones (75% del total), cifra que supera de lejos, por
ejemplo, al presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo al sector salud en el
2016. La tributación sirve para financiar
gasto público, y en el Perú el 80% del gasto se basa en tributos. Entonces,
esto se trata de que todos paguen lo que les corresponde según su capacidad
(ingreso, patrimonio o consumo), pero si tienes un territorio (Paraísos
Fiscales) donde se puede ocultar parte de la riqueza que se generó en otro
país, para que no pague los impuestos que corresponden, entonces se afecta la
correcta y equitativa distribución de las cargas públicas. A menos dinero, menos financiamiento de servicios públicos. Esto puede
configurar en elusión tributaria. El privilegio de favorecer a unos cuantos a
costa del sacrificio de una gran mayoría, además amigo lector, la evasión y elusión tributaria, es otra
de las formas de robar al País, elusión no es igual a evasión: evasión es
trasgredir la ley para no pagar impuestos – elusión es una manera sofisticada
de no pagarlos sin cumplir la ley. Por décadas muchas empresas han operado
amañando datos contables, y no es que estemos descubriendo la pólvora, siempre
existió, lo que decimos es; ¿esto es delito? El robo sistemático de
tributos y fondos al país no es un descuido de las autoridades ni una
deferencia al empresariado de poderes fácticos, es más bien una nauseabunda y
descarada complicidad. De un sistema hecho para favorecer intereses privados y
no los intereses de la gran mayoría de ciudadanos peruanos que luchan el día a
día, para sostener sus familias y contribuir al desarrollo del País.
“Las 50 compañías que más
le deben al Estado tienen una acreencia que alcanza los S/ 15.600 millones (75%
del total), cifra que supera de lejos, por ejemplo, al presupuesto asignado por
el Poder Ejecutivo al sector salud en el 2016”.
En esta danza de millones que el estado dejo de recibir, está
el atraso de la gran mayoría de peruanos en sectores de infraestructura, salud
y educación. El sistema que se implanto en el País, fue el perro muerto como
conducta.
Las puertas giratorias y
lobbies
En el gobierno de Alejandro Toledo; Pedro
Pablo Kuczynski (directo negociador de los contratos de gas) Jaime Quijandria,
Javier Silva Ruete, Fernando Zavala Lombardi (actual primer ministro elegido
por PPK). En el segundo gobierno de García Pérez; Luis Carranza (ortodoxo, fiel
representante del FMI) Luis Valdivieso (representante de AFP) Ismael Benavides
Ferreyros (representante del grupo Galski) Mercedes Araoz (responsable directa
de los sucesos de Bagua y actual segunda vicepresidenta de la república). En el
gobierno de Humala, el intocable Luis Castilla (todopoderoso vocero de CONFIEP)
Alonso Segura, ex gerente de inversiones y estudios económicos del Banco de
Crédito del Perú, cargo en el que estuvo hasta
que asumió la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas en setiembre de
2014. Los sucesivos gobiernos y cada uno de los personajes que pasaron como
ministros de economía, han sido fieles guardianes del modelo económico,
implementado y aplicado con la constitución del 90, donde el estado peruano
juega el simple papel de subsidiario y deja al libre mercado e iniciativa
privada el desempeño de la economía. El “éxito” económico, en el Perú; es la
bonanza de los grupos nacionales y extranjeros beneficiados con la política de
leyes e incentivos económicos de los gobiernos que se han turnado, para
sostener el modelo neoliberal.
Pro inversión y las Asociaciones Publicas Privadas
Las puertas giratorias y los
procesos preferenciales para aprobar en tiempo récord la normas y propuestas
del ministerio de Economía de finanzas, ente que rige los destinos de la
economía del País. Pro inversión es el buque bandera, donde se realiza todos
los proyectos y negocios del estado con el sector privado, esta guarida de
lobistas se instaló para beneficiar no al Perú, a intereses particulares;
amparados en la constitución y la apertura privatizadora. En 1991, el
gobierno de Fujimori publicó el Decreto Legislativo N°662 y el DL N°757,
implementando así régimen de estabilidad con las empresas a través de la
suscripción con el Estado de los Convenios de Estabilidad Jurídica.
Estos Convenios fueron elevados a rango
constitucional con el Artículo 62 de la Constitución de 1993, que dice:
“mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar
seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la
protección a que se refiere el párrafo precedente”. Dicho párrafo dice que “los
términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras
disposiciones de cualquier clase”.
Para ello se han implementado
dos mecanismos: Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos
(OxI). En ambos se observa una mayor participación de las empresas
dedicadas a las actividades extractivas, y particularmente mineras en el
mecanismo de OxI. Esto se debe a los beneficios que este mecanismo les procura,
sobre todo en términos de mejora de imagen: aunque se trata de recursos
públicos las empresas incorporan discursivamente este mecanismo dentro de una
aparente responsabilidad social empresarial.
De un total de 1,550.3 millones
de soles comprometidos, sólo diez empresas (entre ellas cinco mineras: Southern,
Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields; y dos bancos: BCP e Interbank)
concentran más del 86%, y las cinco primeras, más del 72%.
Todos los mega proyectos de
construcción e infraestructura ha sido con el amen de Pro inversión, cuyos
beneficiados con las licitaciones han sido las mismas empresas corruptas, que
hace décadas viven como parásitos del estado peruano. Según datos de Pro
inversión, durante el periodo julio 2011 a setiembre 2016, el número de APP
crece sustancialmente alcanzando un total de US$16,278 millones de inversiones,
siendo el año 2014 el que registra el monto más alto con US$14,270 millones.
Para el año 2017 proyecta adjudicar proyectos por un total de US$4,000 millones
de dólares y una cifra similar para el 2018. Grana y Montero una de las caras
del Grupo El comercio, es la beneficiada con los proyectos de Pro inversión en
casi cuatro décadas, con todo el poder mediático que posee, ataca a quienes
cuestionan el marco jurídico y los mecanismos corruptos en los que manejan los
negocios con el estado.
Conclusiones
El País como decía el
historiador Basadre, ha vuelto a perder posibilidad de desarrollo, las victimas
como siempre - la mayoría de peruanos, generaciones de ciudadanos sin
oportunidades de las que no regresan, en todo caso a la espera de un nuevo boom
económico - nos referimos a los precios internacionales, siendo Perú una
economía primario – exportadora y por tanto dependiente de los comodities, “el
milagro peruano” ha tenido un final de horror e indignación. ¿De qué valió el
crecimiento económico todos estos años? Si solo beneficio a unos pocos grupos
económicos – Grana y Montero del grupo El comercio, es uno de ellos. Delatado
por Jorge Barata, en declaraciones a la fiscalía; donde indica que, si tenían
conocimiento, “Existía un acuerdo que tenían que asumir de manera proporcional,
los pagos o coimas” para los funcionarios facilitadores en los proyectos que realizaron
conjuntamente. Los peruanos han sido Invitados
y testigos de una fiesta, que dura tres décadas: “la fiesta Neoliberal” cuya
torta; devoran unos cuantos – vende Patrias - como ha sido la norma y el
accionar de los negocios privados con el estado, todas estas décadas, se
realizaron negocios corruptos, dirigido por grupos de poder económico y sus
representantes, como “técnicos e independientes”, enquistados en los puestos
estratégicos desde los años 90 rematando al mejor postor “las joyas de la
familia”
Entre el 3 y 4 % del PBI es el
costo de la corrupción para el desarrollo económico y social peruano,
manifiesta Alfonso W Quiroz en su libro: “Historia de la corrupción en el Perú”.
“Considerando que para alcanzar un crecimiento auto sostenido se requiere de
una tasa de crecimiento media anual del PBI de entre 5 y 8% en el largo plazo,
debido a la corrupción sistemática y descontrolada, el Perú perdió o distribuyo
mal el equivalente de aproximadamente el 40 a 50% de sus posibilidades de
desarrollo” afirma.
No es casualidad, cuatro Ex
Presidentes (Fujimori, García, Toledo, Humala) están comprometidos con este
cataclismo de corrupción; uno preso, otro perseguido por la justicia y los otros
dos siendo investigados por corrupción. ¿Sera que la clase política peruana,
quiere alcanzar record güines, para saber quién es el más corrupto?
Sin embargo, el actual
Presidente no se excluye de esto: Pedro
Pablo Kuczynski ha tenido vínculos con empresas extranjeras a las
que benefició notoriamente. En 1968 como funcionario de Banco Central de
Reservas (BCR) –y a pesar de la expropiación de Velasco Alvarado- la
International Petroleum Company (IPC) pudo retirar 115 millones de dólares.
Kuczynski era uno de los seis gerentes del Banco. Previo al golpe militar
aconteció el escándalo por la pérdida de la página 11. Dicha página comprometía
al IPC a pagar cierto monto por barril de petróleo explotado, sin embargo, el
gobierno no podía probar que la IPC había incumplido el contrato ya que la
página que expresamente señalaba el monto del acuerdo nunca fue hallada. Las
pesquisas de la época señalaron a PPK intermediario al facilitar tributos y
exoneraciones indebidas a favor del Standard Oil, empresa ligada a la IPC. El
hecho le valdría su exilio en los Estados Unidos. Allí se desempeñó como jefe
de Planificación y Política en el Banco Mundial, luego fungió como presidente
del First Boston International y como director del First Boston Corporation.
Anteriormente, fue socio de Kuhn, Loeb & Co. International y presidente de
Halco Mining, Inc. en Pittsburgh. En sus declaraciones afirma contar con tan
solo una empresa pequeña –como dato estimativo Latin América Enterprise Fund
Managers (cuyo Director fue Jorge Barata, hombre fuerte de Odebrecht en Perú)
ha movilizado hasta US$ 450 millones- y ha participado como miembro de
directorios de mineras. Sin embargo, en 2011 La División Estatal de Compañías
de Florida consignó a su nombre siete empresas, de las cuales cuatro se
encuentran en actividad. Ellas son: Westfield Capital y Westfield Financial
Advisors, constituidas por Kuczynski en 1995; Latín América Enterprise Fund
Managers, en 1998; y Florida Bayshore Properties, en 2006.
De cara a su campaña presidencial del 2011,
Kuczynski las omitió en sus declaraciones patrimoniales. No obstante, el
reporte anual que PPK entregó al Estado de Florida el 18 de febrero de 2010,
aseveró que se desempeña como presidente de Westfield Capital y de Westfield
Financial Advisors, mientras que cumple el papel de directivo de Latín América
Enterprise Fund Managers y Florida Bayshore Properties.
Poco después de que Sebastián Piñera
concluyera su mandato presidencial en 2014, y ya con un porcentaje relevante de
acciones de Exalmar en sus manos, Pedro Pablo Kuczynski se sumaría al
directorio en representación del administrador de activos estadounidense The
Rohatyn Group (TRG). Aunque la relación entre Piñera y Kuczysnki no es un
secreto, hasta entonces se desconocía un vínculo directo entre sus negocios. Ahora
como Presidente, acaba de favorecer con el Proyecto del aeropuerto de Chinchero
(Cuzco) a su socio Chileno.
El escándalo internacional de los Panamá
Paperas reveló las relaciones que tenía la firma panameña Mossack
Fonseca con políticos y personajes polémicos del Perú, entre los que destaca el
actual presidente.
Este hedor nauseabundo, que es la corrupción, ha
hundido la clase política peruana, que se vayan todos, y que paguen todo el
daño que han hecho al País, refundar la Republica, con una generación de jóvenes
líderes en todas las disciplinas de la sociedad, pero sobre todo en los
partidos políticos, hay que construir de nuevo y sacar de raíz esta putrefacción
política creada por los Fujimori, García, Toledo, Humala, Castañeda. En el Perú, la
corrupción es un fenómeno que no distingue colores políticos.
En la medicina, cuando se detecta un tumor que
peligra la salud de un ser humano, se le extirpa de raíz y se le aplica nueva medicación.
Es hora de cambiar un modelo económico, causante de una crisis sistémica; cuyas
implicancias políticas, económicas, sociológicas y morales son victimas la gran
mayoría del País.
