Economía Peruana creció basada en un modelo corrupto.

Por Lucio Agustin Torres

El escándalo de corrupción, con epicentro en las empresas brasileras y el caso Lava Jato que ha explotado en el Perú, compromete las últimas cuatro décadas de gobiernos sucesivos. Hace tres años estalló una de las investigaciones más grandes por corrupción en Brasil y Latinoamérica.  El impacto del proceso –que envió a prisión a los dueños de las principales constructoras y a políticos del gigante sudamericano– se extendió a otros países. La lista negra de los investigados en Lima, encabezada por el ex - presidente Alejandro Toledo, pero en la que también aparecen Ollanta Humala y Alan García, amenaza extenderse por mucho tiempo como la fuerza de un terremoto que arrase las mismas estructuras de poder y el cuestionamiento a un modelo económico diseñado para delinquir.

Hablamos de la privatización de la economía, el remate a precio huevo de las empresas de todos los peruanos, de la constitución fujimorista 1993 – en el capítulo económico, donde el estado solo tiene el papel de invitado a la desregulación de la economía. Hablamos de la evasión y elusión de impuestos, de los contratos de Pro inversión y las puertas giratorias (representantes del sector privado en el manejo del estado). En nombre del marco jurídico y la estabilidad democrática, los grupos privados han usado el estado y los gobiernos que se han sucedido -  como una oportunidad de crecer, basado en un modelo corrupto y delictivo.

Lava Jato

El 17 de marzo del 2014, la detención de un contrabandista de dinero llamado Alberto Youssef originó un terremoto en Brasil. Aquel fue el inicio de la pesquisa policial más grande por corrupción y lavado de dinero en Brasil y Latinoamérica: el Caso Lava Jato.  El impacto golpeó en el Perú a los más altos ejecutivos de los últimos cuatro gobiernos del país, desde que se recuperó la democracia de manos de la dictadura fujimorista en el 2000. Hoy, el ex - presidente Alejandro Toledo, con orden de captura nacional e internacional, luego de ser acusado de recibir un millonario soborno– arrastra a sus sucesores, Alan García, Ollanta Humala y el actual Jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, que están en la mira de las autoridades por sus nexos con un cartel de constructoras brasileñas encabezadas por la multinacional Odebrecht. En el Perú, las principales mega obras de construcción del siglo XXI han sido edificadas por compañías del país de la samba: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, UTC y OAS. Desde la Interoceánica, que creó una vía de comunicación entre el Océano Pacífico y el Atlántico; el Gasoducto para el traslado del gas de Camisea desde Cusco; hasta el Tren Eléctrico en Lima y la edificación de centrales hidroeléctricas, infraestructura portuaria, servicio de agua potable, alcantarillado y proyectos de irrigación y mineros con compañías como Yanacocha, Antamina y Cerro Verde.

El Perú creció a ritmo de coima

El proceso de privatizaciones en el decenio fujimorista, pone en evidencia los manejos oscuros del interés privado sobre los recursos del estado. Sin transparencia, criterio técnico y pasando por alto el interés nacional, las empresas públicas fueron rematadas y no siempre al mejor postor. Para muestra un botón, algunos ejemplos: la privatización de sol gas; En agosto de 1992 se vendió el 84.1% de acciones de la Empresa Nacional de Gas SOLGAS a $ 7,5 millones cuando sólo el año anterior había obtenido utilidades de $ 2,9 millones de ingresos ascendentes a más de $ 46 millones. 

  El nuevo operador (Lipigas – consorcio chileno) recuperó su inversión en menos de tres años y en 1996 revendió el 60% de acciones de la empresa a $39 millones, lo que demuestra el perjuicio que ocasionó este proceso de privatización al estado peruano. La decisión de vender la empresa no surgió de un análisis técnico sobre la viabilidad de SOLGAS. Por el contrario, existía una decisión política de vender las empresas públicas, sean estás rentables o no, que terminó acelerando el proceso de privatización en menoscabo de los intereses del estado y posteriormente de los consumidores. Naviera Trans oceánica; En 1993, fue vendida a GLEINPOINT ENTERPRISE INC. La empresa tenía cuatro buques tanques de 25,000 TM., un buque de gas de 7,500 TM. y un remolcador. El valor de adquisición de las naves era de US$85.6 millones y tenía contrato con Petroperú. Pero, CEPRI valorizó la empresa, en $ 21 millones. Ahora la empresa es panameña y redujo su capital social. Refinería La Pampilla; En 1996 se vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país en $180 millones, cuando en 1994, la empresa había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $ 85 millones.  El dinero que finalmente ingresó a las arcas del Estado se utilizó en menor porcentaje para los fines previstos y por el contrario se gastó en compras de armas, pagar la deuda externa, cubrir el déficit fiscal, y a financiar la re-reelección de Alberto Fujimori. Durante los diez años del régimen de Fujimori, Odebrecht ganó la buena pro de 28 proyectos; es decir, más que todos los proyectos juntos de los regímenes de Toledo, García y Humala. Pero es con el golpe de estado y el tumbarse abajo el marco constitucional (1979) que se impone la constitución de 1993 – la misma que rige hasta hoy – colocando el papel del estado, en simple invitado de piedra en la dinámica de una economía esencialmente monopólica y oligopólica; cuyas leyes favorecen a los grupos económicos y al capital trasnacional a costa de la gran mayoría de peruanos. La corrupción siempre existió, pero los últimos 50 años, se ha convertido en un mal sistémico, alcanzando las propias esferas del poder político que dirigen la nación.

Economía Monopólica

El Perú, históricamente, se ha caracterizado por tener una muy alta concentración de recursos económicos en manos de grandes familias y capitales extranjeros (haciendas, propiedades urbanas, fábricas y empresas) con altos niveles de influencia y continuada a inicios de la República, a pesar de algunos cambios que son producto de la modernización y el desarrollo social, se mantiene en lo fundamental. Desde 1990, el Estado promocionó las grandes inversiones —en especial, las extractivas— y facilitó la reconcentración del poder económico. Al mismo tiempo, evitó aplicar sanciones en los casos de deterioro ambiental y abuso de posición de mercado, evidenciando una acentuada debilidad regulatoria y tardando en reconocer derechos como la consulta previa en los casos de inversiones extractivas que impactaran a los pueblos indígenas. Esta tendencia a la privatización ocurrió al mismo tiempo que se concentró el poder económico en un pequeño núcleo de los Grupos de Poder Económico (12) que compró activos del Estado, los cuales se fusionaron gracias a los incentivos tributarios de los años 90, por lo que sus miembros terminaron siendo dueños de las mejores tierras. Igual sucedió con las concesiones mineras, energéticas, petroleras, gasíferas y forestales, que contaron con contratos de estabilidad jurídica y normas de protección de la inversión de los tratados de libre comercio.

En otras palabras - la economía peruana manejada por grupos de poder económico monopolizados. De un total de 8000 empresas exportadoras en 2015, 464 grandes empresas concentran el 80% del total de exportaciones, predominando las del sector minero. Cada grupo económico está compuesto por un aproximado de 38 empresas que se desarrollan en los diferentes sectores de la economía peruana.

El perro muerto como conducta

El manejo de la política fiscal y las exoneraciones tributarias; 78 beneficios siguen vigentes, originados en gran parte durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y que en la última década el Estado dejó de recaudar S/ 93 mil millones (US$27 mil millones) por estos privilegios. Los resultados revelan que los sectores más favorecidos proceden del negocio agroexportador, educativo, bancario, hidrocarburos y minero. Los S/ 93.629 millones, que no recaudó el Estado en la última década, equivalen a un 30% más de lo que se requiere para instalar redes de agua y desagüe en todos los hogares a nivel nacional, pero también representa 20 veces la inversión total que se destinó para la ejecución de los programas sociales Beca 18, Qali Warma y Cuna Más en el último quinquenio.

“Los S/ 93.629 millones, que no recaudó el Estado en la última década, equivalen a un 30% más de lo que se requiere para instalar redes de agua y desagüe en todos los hogares a nivel nacional”

Las corporaciones trasnacionales, Telefónica (España) con una deuda que asciende a más de S/ 4 mil millones, al margen de las onerosas sanciones impuestas en diferentes ocasiones por el órgano supervisor de las telecomunicaciones (Osiptel); y la petrolera Pluspetrol (con sede en Holanda) que debe S/ 3 mil millones, y que es conocida por sus sanciones por contaminación e infracciones ambientales en la Amazonía norte del país. De este total, las 50 compañías que más le deben al Estado tienen una acreencia que alcanza los S/ 15.600 millones (75% del total), cifra que supera de lejos, por ejemplo, al presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo al sector salud en el 2016. La tributación sirve para financiar gasto público, y en el Perú el 80% del gasto se basa en tributos. Entonces, esto se trata de que todos paguen lo que les corresponde según su capacidad (ingreso, patrimonio o consumo), pero si tienes un territorio (Paraísos Fiscales) donde se puede ocultar parte de la riqueza que se generó en otro país, para que no pague los impuestos que corresponden, entonces se afecta la correcta y equitativa distribución de las cargas públicas. A menos dinero, menos financiamiento de servicios públicos. Esto puede configurar en elusión tributaria. El privilegio de favorecer a unos cuantos a costa del sacrificio de una gran mayoría, además amigo lector, la evasión y elusión tributaria, es otra de las formas de robar al País, elusión no es igual a evasión: evasión es trasgredir la ley para no pagar impuestos – elusión es una manera sofisticada de no pagarlos sin cumplir la ley. Por décadas muchas empresas han operado amañando datos contables, y no es que estemos descubriendo la pólvora, siempre existió, lo que decimos es; ¿esto es delito?  El robo sistemático de tributos y fondos al país no es un descuido de las autoridades ni una deferencia al empresariado de poderes fácticos, es más bien una nauseabunda y descarada complicidad. De un sistema hecho para favorecer intereses privados y no los intereses de la gran mayoría de ciudadanos peruanos que luchan el día a día, para sostener sus familias y contribuir al desarrollo del País.

“Las 50 compañías que más le deben al Estado tienen una acreencia que alcanza los S/ 15.600 millones (75% del total), cifra que supera de lejos, por ejemplo, al presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo al sector salud en el 2016”.

En esta danza de millones que el estado dejo de recibir, está el atraso de la gran mayoría de peruanos en sectores de infraestructura, salud y educación. El sistema que se implanto en el País, fue el perro muerto como conducta.

Las puertas giratorias y lobbies

En el mundo anglosajón se conoce como “puertas giratorias” al fenómeno por el cual se produce una circulación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. Estos movimientos se producen en un sentido y en otro, es decir, desde las instituciones públicas a las empresas transnacionales y viceversa. Las élites económicas corporativas, comparadas con otros grupos sociales, tienen acceso rápido al más alto nivel y gran influencia en la toma de decisiones más si cada grupo de poder apuesta a ganador, es decir a cuatro o cinco candidatos con opciones de ganar una elección presidencial, están las declaraciones de Jorge Barata el representante de Odebrecht en el Perú, declarando haberse reunido con los candidatos, Kuczinsky, Fujimori, Toledo, García, Humala o las de Dionisio Romero dueño del Grupo Romero (banco de crédito) invirtiendo en el partido Aprista, PPC y AP en los años 80–  Minera yanacocha que a través de una ONG financio la campana política de congresistas de diferentes bancadas al congreso. En el Perú, desde los noventa, representantes del sector privado, son los “técnicos” que acceden a puestos estratégicos de la economía y de poder, dentro del aparato del estado, ministerio de economía, BCR, o como ministros de sectores importantes, para facilitar que los intereses privados a quien representan, se beneficie del Estado. En un artículo anterior decíamos lo siguiente: “En los últimos treinta. años, la economía peruana ha sido manejada por los varones de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) la principal cartera que maneja los destinos económicos del País, el ministerio de economía y finanzas (MEF); desde donde rige la normatividad y las políticas económicas del País, fueron ocupados por personajes de CONFIEP- elegidos como representantes directos o cercanos a la institución empresarial; presentados a la vida política con la etiqueta de “técnicos” o “independientes”, pero todos ellos fieles representantes de los intereses privados”. Demos un vistazo a los últimos gobiernos y sus ministros de economía: Recordemos; en el gobierno de Fujimori; Hurtado Miller, Carlos Boloña, Jorge Camet (ex -presidente de CONFIEP) Víctor Joy Way, Efraín Goldemberg, Baca Campodónico…todos implicados en actos de corrupción.

En el gobierno de Alejandro Toledo; Pedro Pablo Kuczynski (directo negociador de los contratos de gas) Jaime Quijandria, Javier Silva Ruete, Fernando Zavala Lombardi (actual primer ministro elegido por PPK). En el segundo gobierno de García Pérez; Luis Carranza (ortodoxo, fiel representante del FMI) Luis Valdivieso (representante de AFP) Ismael Benavides Ferreyros (representante del grupo Galski) Mercedes Araoz (responsable directa de los sucesos de Bagua y actual segunda vicepresidenta de la república). En el gobierno de Humala, el intocable Luis Castilla (todopoderoso vocero de CONFIEP) Alonso Segura, ex gerente de inversiones y estudios económicos del Banco de Crédito del Perú, cargo en el que estuvo hasta que asumió la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas en setiembre de 2014. Los sucesivos gobiernos y cada uno de los personajes que pasaron como ministros de economía, han sido fieles guardianes del modelo económico, implementado y aplicado con la constitución del 90, donde el estado peruano juega el simple papel de subsidiario y deja al libre mercado e iniciativa privada el desempeño de la economía. El “éxito” económico, en el Perú; es la bonanza de los grupos nacionales y extranjeros beneficiados con la política de leyes e incentivos económicos de los gobiernos que se han turnado, para sostener el modelo neoliberal.

Pro inversión y las Asociaciones Publicas Privadas

Las puertas giratorias y los procesos preferenciales para aprobar en tiempo récord la normas y propuestas del ministerio de Economía de finanzas, ente que rige los destinos de la economía del País. Pro inversión es el buque bandera, donde se realiza todos los proyectos y negocios del estado con el sector privado, esta guarida de lobistas se instaló para beneficiar no al Perú, a intereses particulares; amparados en la constitución y la apertura privatizadora. En 1991, el gobierno de Fujimori publicó el Decreto Legislativo N°662 y el DL N°757, implementando así régimen de estabilidad con las empresas a través de la suscripción con el Estado de los Convenios de Estabilidad Jurídica.

Estos Convenios fueron elevados a rango constitucional con el Artículo 62 de la Constitución de 1993, que dice: “mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”. Dicho párrafo dice que “los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. Apelando a la supuesta “ineficiencia” o “mala gestión” de las inversiones por parte de los gobiernos locales y regionales -y del Estado en general-, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se toman medidas orientadas a impulsar la participación del sector privado en la ejecución de obras públicas bajo el supuesto de una mayor eficiencia. 

Para ello se han implementado dos mecanismos: Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI). En ambos se observa una mayor participación de las empresas dedicadas a las actividades extractivas, y particularmente mineras en el mecanismo de OxI. Esto se debe a los beneficios que este mecanismo les procura, sobre todo en términos de mejora de imagen: aunque se trata de recursos públicos las empresas incorporan discursivamente este mecanismo dentro de una aparente responsabilidad social empresarial. 

De un total de 1,550.3 millones de soles comprometidos, sólo diez empresas (entre ellas cinco mineras: Southern, Antamina, Volcan, Barrick y Goldfields; y dos bancos: BCP e Interbank) concentran más del 86%, y las cinco primeras, más del 72%.

Todos los mega proyectos de construcción e infraestructura ha sido con el amen de Pro inversión, cuyos beneficiados con las licitaciones han sido las mismas empresas corruptas, que hace décadas viven como parásitos del estado peruano. Según datos de Pro inversión, durante el periodo julio 2011 a setiembre 2016, el número de APP crece sustancialmente alcanzando un total de US$16,278 millones de inversiones, siendo el año 2014 el que registra el monto más alto con US$14,270 millones. Para el año 2017 proyecta adjudicar proyectos por un total de US$4,000 millones de dólares y una cifra similar para el 2018. Grana y Montero una de las caras del Grupo El comercio, es la beneficiada con los proyectos de Pro inversión en casi cuatro décadas, con todo el poder mediático que posee, ataca a quienes cuestionan el marco jurídico y los mecanismos corruptos en los que manejan los negocios con el estado.

Conclusiones

El País como decía el historiador Basadre, ha vuelto a perder posibilidad de desarrollo, las victimas como siempre - la mayoría de peruanos, generaciones de ciudadanos sin oportunidades de las que no regresan, en todo caso a la espera de un nuevo boom económico - nos referimos a los precios internacionales, siendo Perú una economía primario – exportadora y por tanto dependiente de los comodities, “el milagro peruano” ha tenido un final de horror e indignación. ¿De qué valió el crecimiento económico todos estos años? Si solo beneficio a unos pocos grupos económicos – Grana y Montero del grupo El comercio, es uno de ellos. Delatado por Jorge Barata, en declaraciones a la fiscalía; donde indica que, si tenían conocimiento, “Existía un acuerdo que tenían que asumir de manera proporcional, los pagos o coimas” para los funcionarios facilitadores en los proyectos que realizaron conjuntamente.  Los peruanos han sido Invitados y testigos de una fiesta, que dura tres décadas: “la fiesta Neoliberal” cuya torta; devoran unos cuantos – vende Patrias - como ha sido la norma y el accionar de los negocios privados con el estado, todas estas décadas, se realizaron negocios corruptos, dirigido por grupos de poder económico y sus representantes, como “técnicos e independientes”, enquistados en los puestos estratégicos desde los años 90 rematando al mejor postor “las joyas de la familia”

Entre el 3 y 4 % del PBI es el costo de la corrupción para el desarrollo económico y social peruano, manifiesta Alfonso W Quiroz en su libro: “Historia de la corrupción en el Perú”. “Considerando que para alcanzar un crecimiento auto sostenido se requiere de una tasa de crecimiento media anual del PBI de entre 5 y 8% en el largo plazo, debido a la corrupción sistemática y descontrolada, el Perú perdió o distribuyo mal el equivalente de aproximadamente el 40 a 50% de sus posibilidades de desarrollo” afirma.

No es casualidad, cuatro Ex Presidentes (Fujimori, García, Toledo, Humala) están comprometidos con este cataclismo de corrupción; uno preso, otro perseguido por la justicia y los otros dos siendo investigados por corrupción. ¿Sera que la clase política peruana, quiere alcanzar record güines, para saber quién es el más corrupto?

Sin embargo, el actual Presidente no se excluye de esto: Pedro Pablo Kuczynski ha tenido vínculos con empresas extranjeras a las que benefició notoriamente. En 1968 como funcionario de Banco Central de Reservas (BCR) –y a pesar de la expropiación de Velasco Alvarado- la International Petroleum Company (IPC) pudo retirar 115 millones de dólares. Kuczynski era uno de los seis gerentes del Banco. Previo al golpe militar aconteció el escándalo por la pérdida de la página 11. Dicha página comprometía al IPC a pagar cierto monto por barril de petróleo explotado, sin embargo, el gobierno no podía probar que la IPC había incumplido el contrato ya que la página que expresamente señalaba el monto del acuerdo nunca fue hallada. Las pesquisas de la época señalaron a PPK intermediario al facilitar tributos y exoneraciones indebidas a favor del Standard Oil, empresa ligada a la IPC. El hecho le valdría su exilio en los Estados Unidos. Allí se desempeñó como jefe de Planificación y Política en el Banco Mundial, luego fungió como presidente del First Boston International y como director del First Boston Corporation. Anteriormente, fue socio de Kuhn, Loeb & Co. International y presidente de Halco Mining, Inc. en Pittsburgh. En sus declaraciones afirma contar con tan solo una empresa pequeña –como dato estimativo Latin América Enterprise Fund Managers (cuyo Director fue Jorge Barata, hombre fuerte de Odebrecht en Perú) ha movilizado hasta US$ 450 millones- y ha participado como miembro de directorios de mineras. Sin embargo, en 2011 La División Estatal de Compañías de Florida consignó a su nombre siete empresas, de las cuales cuatro se encuentran en actividad. Ellas son: Westfield Capital y Westfield Financial Advisors, constituidas por Kuczynski en 1995; Latín América Enterprise Fund Managers, en 1998; y Florida Bayshore Properties, en 2006.

De cara a su campaña presidencial del 2011, Kuczynski las omitió en sus declaraciones patrimoniales. No obstante, el reporte anual que PPK entregó al Estado de Florida el 18 de febrero de 2010, aseveró que se desempeña como presidente de Westfield Capital y de Westfield Financial Advisors, mientras que cumple el papel de directivo de Latín América Enterprise Fund Managers y Florida Bayshore Properties.

Poco después de que Sebastián Piñera concluyera su mandato presidencial en 2014, y ya con un porcentaje relevante de acciones de Exalmar en sus manos, Pedro Pablo Kuczynski se sumaría al directorio en representación del administrador de activos estadounidense The Rohatyn Group (TRG). Aunque la relación entre Piñera y Kuczysnki no es un secreto, hasta entonces se desconocía un vínculo directo entre sus negocios. Ahora como Presidente, acaba de favorecer con el Proyecto del aeropuerto de Chinchero (Cuzco) a su socio Chileno.

El escándalo internacional de los Panamá Paperas reveló las relaciones que tenía la firma panameña Mossack Fonseca con políticos y personajes polémicos del Perú, entre los que destaca el actual presidente.

Este hedor nauseabundo, que es la corrupción, ha hundido la clase política peruana, que se vayan todos, y que paguen todo el daño que han hecho al País, refundar la Republica, con una generación de jóvenes líderes en todas las disciplinas de la sociedad, pero sobre todo en los partidos políticos, hay que construir de nuevo y sacar de raíz esta putrefacción política creada por los Fujimori, García, Toledo, Humala, Castañeda. En el Perú, la corrupción es un fenómeno que no distingue colores políticos.

En la medicina, cuando se detecta un tumor que peligra la salud de un ser humano, se le extirpa de raíz y se le aplica nueva medicación. Es hora de cambiar un modelo económico, causante de una crisis  sistémica; cuyas implicancias políticas, económicas, sociológicas y morales son victimas la gran mayoría del País.