Por Lucio
Agustín Torres
Mientras los
escándalos mediáticos remecen a la opinión pública peruana, informando como los
miasmas de la corrupción están vinculados en las máximas esferas del poder
político, las noticias importantes de la economía real, se manejan en silencio
y en total sigilo.
Se trata de
una denuncia hecha por el congresista Manuel
Dammert Ego Aguirre, sobre el destino del gas peruano. Ha transcurrido casi
mitad de periodo del gobierno de Ollanta Humala, y debemos recordar que una de sus banderas electorales fue: “El gas será para beneficio
de los peruanos”. Sin
embargo, no solo no se ha reducido a 12 soles como fue otro de sus ofrecimientos,
sino que a la fecha está en promedio 40 soles, el más caro de toda Sudamérica.
Durante los
años 2011-2013 las finanzas públicas han sido superavitarias (2% del PBI)
constituyendo “un ahorro” perverso, en un país con proyectos de inversión para
atender múltiples carencias de la población y de la infraestructura para el
desarrollo competitivo en las regiones. No hay política económica activa para
diversificación productiva, industrialización e integración a los mercados
internacionales favorables al interés nacional.
La denuncia concreta
del congresista es a los ministros de energía y minas y de Economía,
responsables directos de la política energética del Perú, la denuncia se basa
en que: “Se adjudicó directamente, sin concurso, como
'consultores integrales' para hacer 'estudios' sobre la realización del
Gasoducto y Petroquímica, a las empresas Wood
Mackenzie y Foster Wheeler las
cuales tienen en su cartera de clientes a las principales empresas privadas -Repsol, Gas Energy y Shell- interesadas
en evitar la construcción del nodo energético del Sur y quebrar a Petroperú.”
Esas
empresas, elegidas a dedo, trabajan actualmente para los intereses de Chile, el
más interesado en que el gas peruano sea exportado a su país que, a su vez,
ellos nos venderían ¡nuestro propio gas! con valor agregado, como si los peruanos
no tuviéramos como País, capacidad de concretar
proyectos energéticos, que no se dan por falta de decisión política y
sobre todo por tener a personajes como los ministros Merino y Castilla que, con sus acciones, benefician a los
consorcios privados que están detrás del negocio del gas antes que beneficiar
al Pais.
La
orientación de los ministros mencionados es clara: Castilla impide que se
recupere los 2,5 TCF del lote 88; que se transfiera los US$ 400 millones a
Petroperú para hacer los estudios, y convocar a la Petroquímica del Sur andino.
Ha estado meciendo al Perú con diversos trazos artificiales del gasoducto. Se
niega a cumplir el mandato legal para que el aporte ciudadano de Garantía de Red Principal (GRP) se
capitalice como acciones de Petroperú. Por si fuera poco, pretende que el grupo
Suez Energy, con el “nodo energético” del sur, se lleve el gas con destino
fuera del Perú, buscando dedicarlo principalmente a generar electricidad que se
venderá al norte de Chile. Al mismo tiempo, afianza
al consorcio privado Camisea, que se dedica a exportar el gas y mantener un
secundario mercado cautivo nacional de gas caro con el GLP.
En
conclusión se busca regalar a privados dichos lotes, y liquidar la refinería de
Petroperú, para que el grupo Romero afirme la posición de dominio en el mercado
nacional de combustibles, haciendo del peruano un mercado cautivo para la
refinería de Enap en Chile, que ya vende casi principalmente al Perú. En pocas
palabras una traición al Perú.
