Traición a la Patria

Por Lucio Agustín Torres

Mientras los escándalos mediáticos remecen a la opinión pública peruana, informando como los miasmas de la corrupción están vinculados en las máximas esferas del poder político, las noticias importantes de la economía real, se manejan en silencio y en total sigilo.

Se trata de una denuncia hecha por el congresista Manuel Dammert Ego Aguirre, sobre el destino del gas peruano. Ha transcurrido casi mitad de periodo del gobierno de Ollanta Humala, y debemos recordar que una de sus banderas electorales fue: “El gas será para beneficio de los peruanos”. Sin embargo, no solo no se ha reducido a 12 soles como fue otro de sus ofrecimientos, sino que a la fecha está en promedio 40 soles, el más caro de toda Sudamérica. 

Durante los años 2011-2013 las finanzas públicas han sido superavitarias (2% del PBI) constituyendo “un ahorro” perverso, en un país con proyectos de inversión para atender múltiples carencias de la población y de la infraestructura para el desarrollo competitivo en las regiones. No hay política económica activa para diversificación productiva, industrialización e integración a los mercados internacionales favorables al interés nacional.

La denuncia concreta del congresista es a los ministros de energía y minas y de Economía, responsables directos de la política energética del Perú, la denuncia se basa en que: “Se adjudicó directamente, sin concurso, como 'consultores integrales' para hacer 'estudios' sobre la realización del Gasoducto y Petroquímica, a las empresas Wood Mackenzie y Foster Wheeler las cuales tienen en su cartera de clientes a las principales empresas privadas -Repsol, Gas Energy y Shell- interesadas en evitar la construcción del nodo energético del Sur y quebrar a Petroperú.”

     Esas empresas, elegidas a dedo, trabajan actualmente para los intereses de Chile, el más interesado en que el gas peruano sea exportado a su país que, a su vez, ellos nos venderían ¡nuestro propio gas! con valor agregado, como si los peruanos no tuviéramos como País, capacidad de concretar  proyectos energéticos, que no se dan por falta de decisión política y sobre todo por tener a personajes como los ministros Merino y Castilla que, con sus acciones, benefician a los consorcios privados que están detrás del negocio del gas antes que beneficiar al Pais.

      La orientación de los ministros mencionados es clara: Castilla impide que se recupere los 2,5 TCF del lote 88; que se transfiera los US$ 400 millones a Petroperú para hacer los estudios, y convocar a la Petroquímica del Sur andino. Ha estado meciendo al Perú con diversos trazos artificiales del gasoducto. Se niega a cumplir el mandato legal para que el aporte ciudadano de Garantía de Red Principal (GRP) se capitalice como acciones de Petroperú. Por si fuera poco, pretende que el grupo Suez Energy, con el “nodo energético” del sur, se lleve el gas con destino fuera del Perú, buscando dedicarlo principalmente a generar electricidad que se venderá al norte de Chile. Al mismo tiempo, afianza al consorcio privado Camisea, que se dedica a exportar el gas y mantener un secundario mercado cautivo nacional de gas caro con el GLP.

     En conclusión se busca regalar a privados dichos lotes, y liquidar la refinería de Petroperú, para que el grupo Romero afirme la posición de dominio en el mercado nacional de combustibles, haciendo del peruano un mercado cautivo para la refinería de Enap en Chile, que ya vende casi principalmente al Perú. En pocas palabras una traición al Perú.

¿Estarán informados de esto, los nacionalistas?

Post publicado en Prensa Libre