Por
Lucio Agustín Torres *
Somos un país legendariamente abundante. Nuestra riqueza
es geográfica y ecológica, mineral y agrícola, gastronómica, histórica y
lingüística. Este patrimonio, reconocido proverbialmente, es motivo de
justificado orgullo nacional para quienes aprecian todo este potencial País Sin
embargo los gobiernos que han dirigido los destinos del Perú , incluido el actual gobierno de Ollanta
Humala, han priorizado el extractivismo
y neoliberalismo económico.
Como se sabe, Conga abrió una crisis política que acabó con la renuncia
del Gabinete Lerner. No es poca cosa: Conga pasará a la historia como el primer
caso de un conflicto minero que, en el Perú y en América Latina, se trajo abajo
a todo un Gabinete y significó además el giro en la orientación política del
Gobierno.
¿Por qué Conga se ha convertido en un caso emblemático? Porque resume
precisamente lo que no funciona desde hace un buen tiempo en la relación
minería-comunidades-medioambiente en el país: estrategias erradas desde las
empresas, políticas públicas desactualizadas y una clamorosa ausencia de
voluntad política desde el Estado para modificar esa relación.
Pareciera que no salimos de la década de 1990, sino que
nos hundimos más en ella. Lo que lamentablemente no ha cambiado con relación a años
atrás, es la ocurrencia de muertes y la convulsión social. Sin embargo la
respuesta del estado siempre ha sido la represión y la militarización
como lo está Cajamarca, “las fuerzas militares y policiales están para mantener
el orden y cuidar el principio de autoridad”. ¿De quién? Y ¿De Quiénes?
Lo que parece estar sucediendo es que el procedimiento
regular, el modus operandi del gobierno, es el de no escuchar a los otros. Todo
apunta a pensar que no hay una actitud que permita reconocer a los miles de
peruanos y peruanas que desean cambios, en tanto no está permitiendo reforma
alguna, ni crítica al modelo imperante. Lo curioso, y muy peligroso, es que
precisamente el actual gobierno llegó al poder con el masivo apoyo de los miles
de peruanos y peruanas que buscaban el cambio, que significaba dejar de lado el
neoliberalismo –entendido este, en líneas muy generales, como un modelo que
tiene como prioridad el crecimiento económico vinculado a un control
macroeconómico de un país, supeditando el desarrollo y la intervención del
Estado en la economía a dicha prioridad–. No obstante la elección del actual
presidente, este modelo sigue demostrando ser el hegemónico en nuestro país.
Es en este sentido que el modelo neoliberal no permite la
existencia misma de la democracia y de la inclusión –pensada también cómo un ejercicio
democrático–; es decir, no hay un espacio para afrontar el disenso, las
discordancias, en un diálogo con fundamentos coherentes, ni hay aceptación de
la diversidad. Así, parecería que hay una agenda pre-establecida en cada
gobierno, desde el nefasto 5 de abril de 1992 -que acaba de cumplir 20 años y
parece gozar de muy buena salud-, que se quiere legitimar sin importar opinión
contraria alguna. ¿Qué tenemos entonces? Pues una coyuntura cuyo imperativo
parece ser “no importa que no te gusten las reglas, pues si no estás de
acuerdo, eres terrorista, radical, contrario al desarrollo del país”; en otras
palabras, estamos volviendo a las “máximas” de la dictadura, volvemos a ser
objeto de una “metida de yuca”, usando la popular frase que en los años 90, se
utilizaba para parodiar, de forma penosa, el hecho de que Fujimori gobernaba
engañando y vulnerando los derechos de todos los peruanos.
Un tema central es el modo como el Estado trata a los
movimientos sociales. Ese modo depende de los regímenes políticos (democráticos
y no democráticos) que son justamente el resultado del tipo de relación entre
el Estado y los ciudadanos. Cuando “las relaciones políticas entre el Estado y
sus ciudadanos se demuestran con consultas mutuamente vinculantes, amplias,
iguales y protegidas” estamos frente a un
régimen democrático. Cuando esas relaciones, en cambio, se caracterizan por
ausencia de consultas o por consultas no vinculantes, no protegidas, desiguales
y excluyentes estamos frente a un régimen no democrático.
Todos los políticos y los medios, sin embargo, se llenan la boca con el Estado de Derecho, pero en el Perú, independientemente de lo que diga la Constitución, no existe un dominio efectivo de la ley en todo el territorio y para toda la población. Lo que predomina aquí es el monopolio de la violencia, entendida como "principio de autoridad". Eso explica quizá que los gobiernos de los regímenes democráticos se comporten en forma autoritaria frente a los movimientos sociales. El tema hoy día es: no importa que todo un departamento (cajamarca) o millones de ciudadanos del País esten movilizados, el estado quiere seguir con el extractivimismo minero así sea a la fuerza.
Todos los políticos y los medios, sin embargo, se llenan la boca con el Estado de Derecho, pero en el Perú, independientemente de lo que diga la Constitución, no existe un dominio efectivo de la ley en todo el territorio y para toda la población. Lo que predomina aquí es el monopolio de la violencia, entendida como "principio de autoridad". Eso explica quizá que los gobiernos de los regímenes democráticos se comporten en forma autoritaria frente a los movimientos sociales. El tema hoy día es: no importa que todo un departamento (cajamarca) o millones de ciudadanos del País esten movilizados, el estado quiere seguir con el extractivimismo minero así sea a la fuerza.
*DIRECTOR GRUPO EDITOR DEL NORTE.