Por
Lucio Agustín Torres *
En el 2010, Jorge Manco Zaconetti; catedrático de la
universidad mayor de San Marcos y especializado en temas de minería y de energía,
escribió un extenso artículo, El nuevo
Credo Minero - analizando la
propuesta programática del Movimiento “Tierra y Libertad” liderado por el padre
Marco Arana, a raíz de la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la Republica,
igualmente se refería a Ollanta Humala como candidato del nacionalismo, ambos
representan decía el autor; el pensamiento crítico frente al modelo económico
imperante desde la década de los noventa.
Hoy ante la situación de estado de emergencia, cuatro
muertos y más de sesenta heridos (civiles y policías) en Tintaya (Cuzco) otra
vez los conflictos sociales son un tema actual, y el sector minero; la madre
del cordero. Por su vigencia y a pesar del tiempo transcurrido presentamos este
valioso documento, han cambiado de actores políticos, pero el modelo económico sigue
igual como hace lustros, primario – exportador.
EL NUEVO
CREDO MINERO
No
debiera estar es discusión la legitimidad política del padre Marco Arana en
liderar un movimiento político denominado “Tierra y Libertad” con la pretensión
de alcanzar la Presidencia de la República; gracias al liderazgo alcanzado en
defensa del medio ambiente, se ha constituido en una figura emblemática de la
lucha de las comunidades campesinas contra la presencia abusiva de la Minera.
Yanacocha en el departamento de Cajamarca. Se deduce que su enfrentamiento con
las jerarquías ortodoxas de la Iglesia Católica, en especial con el Cardenal
del Opus Dei será muy duro, pues al margen de la participación política del
cura Salomón Bolo Hidalgo en los años sesenta del siglo pasado, en la lucha por
la soberanía y el petróleo en las filas del Social progresismo, no se tiene
conocimiento en nuestro país de la presencia de miembros de la clerecía en la
contienda política directa.
El cura Arana con el comandante Ollanta Humala, caudillo del llamado Partido
Nacionalista, representan o encarnan el pensamiento crítico frente al modelo
económico imperante desde la década de los noventa. Pareciera que la “hoz y el
martillo” de la izquierda tradicional, ha dado lugar a la “sotana y el sable”
como símbolos del malestar popular ante un modelo excluyente, concentrador de
ingresos, y que tiene como eje central su carácter primario exportador, principalmente
de productos mineros.
El sector minero al margen de lo que pueda pensar el padre Arana, es el más
importante de la economía peruana, por su gran capacidad de generar excedentes
económicos, ingresos de exportación (divisas), utilidades, e impuesto a la
renta, con los efectos multiplicadores que esto puede tener en la economía
regional. En tal sentido, el lugar que ocupa la producción minera que se
desenvuelve en el Perú a nivel mundial, sea el primer lugar en plata, el
tercero en cobre, el quinto en oro, el tercero en zinc y plomo etc.,
constituyen indicadores aparentes, pues esa importancia productiva y económica
de la minería no expresa ni se sustenta en el desarrollo local, regional ni
nacional.
En otras palabras, los excedentes generados por la minería, utilidades y renta
minera no están equitativamente compartidos con el Estado, en cierta medida son
enajenados a la Nación, en razón que los beneficios son concentrados en “pocas
manos”. Esta realidad se explica en gran parte por la vigencia de privilegiados
contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que afectan la
recaudación fiscal, con serios pasivos ambientales, pobre valor de retorno y
débil eslabonamiento industrial.
UNA POSIBILIDAD DE DESARROLLO
En verdad, la posición del cura Arana queda resumida en estas afirmaciones, que
comparto en cierta medida, en el sentido que la actividad minera constituye una
posibilidad de desarrollo para el país. Así, se afirma que: “La minería es una actividad económica no sostenible, de alto impacto ambiental, de escasa posibilidad de
generación de empleo por los altos niveles de tecnificación que tiene, sin
embargo por los volúmenes de inversión, por los impuestos a la renta y regalías
que pueden pagar, efectivamente podrían hacer que la minería sea una
posibilidad de desarrollo para el país, pero hoy esas condiciones no se cumplen
y son reclamadas por la población, por eso que no es casual que en los lugares
donde hay más minería hay mayor conflictividad social”.
Sin embargo, cuando expresa que la minería es una “actividad no sostenible de
alto impacto ambiental...”, se expone un pensamiento crítico fundamentalista
contrario a toda extracción minera. En tal sentido, habría que hacer la
distinción entre la minería formal, en especial de la gran minería
transnacional, aquí pienso en Minera. Antamina, Cerro Verde o Minera. Tintaya
que tienen en la seguridad ambiental y social una exigencia de sus propios
accionistas, en códigos de conducta empresarial. Evidentemente otro sería el
caso de la minería mal llamada informal, que contamina impunemente con
mercurio, los ríos, lagos y lagunas.
La sostenibilidad de la actividad minera dependerá de la regulación de parte de
los organismos del Estado, en ese sentido, la debilidad estatal en la
fiscalización minera constituye el caldo de cultivo para el desenvolvimiento de
una actividad minera depredadora del medio ambiente, con condiciones mínimas de
respeto ambiental y con fuertes pasivos ambientales.
Por ello, la sostenibilidad de la actividad minera en nuestro país resulta
lamentable, esto provocada por la inopia y debilidad ambiental en los
organismos reguladores, cuando por ejemplo se le restan responsabilidades al
Osinergmin en sus capacidades fiscalizadoras, como ha sucedido con el
DS-001-2010, donde se transfiere la supervisión minera al Organismo de
Fiscalización y Evaluación del Ambiente (OEFA) del recién creado Ministerio de
Medio Ambiente.
En los países donde la minería es una “palanca del desarrollo” se tiene una
regulación fuerte, con autonomía administrativa, política y económica para
supervisar y fiscalizar a las empresas. En cambio en nuestro país la debilidad
provocada en la regulación ambiental es de tal naturaleza que constituye una
fuente permanente de los llamados conflictos sociales.
¿QUÉ CONDICIONES DEBE TENER?
Resulta positivo que se debatan las condiciones que debiera tener la actividad
minera para convertirse en una palanca del desarrollo. Si bien las comparto
todas, señalaría la necesidad de un Proyecto Nacional de Desarrollo y un mínimo
consenso social-político que haga posible el cumplimiento de las condiciones
que se han experimentado con éxito en otros países. En última instancia,
importa la capacidad endógena de desarrollo y la vocación nacional para superar
el subdesarrollo por parte de nuestras clases dirigentes, este a mi parecer
constituye un problema por su ausencia.
Debe tenerse presente la experiencia estatal minera de los años 70 y 80 del
siglo pasado sobre todo durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas, donde con
todos sus defectos y debilidades se avanzó en políticas de valor agregado con
la construcción de las refinerías de cobre en Ilo y la refinería de zinc de
Cajamarquilla, financiadas con un fuerte endeudamiento externo. Se tenía el
monopolio del comercio exterior a través de Minpeco, y el Estado tenía una
presencia agresiva en la actividad minera con Centromín, Hierro Perú, Minero
Perú, etc.
En tal sentido, cabe preguntarse sobre las razones que llevaron al fracaso del
modelo de acumulación estatal, para no reproducir los mismos errores, pues la
gestión ambiental de las empresas del Estado no se diferenciaba en sustancia de
la actividad privada, al margen de la gran dosis de corrupción y politización
de la administración.
En tal sentido, el líder del movimiento Tierra y Libertad afirma que:
“Debemos aprender de aquellos países desarrollados
que han tenido en la minería un importante reglón de su desarrollo económico,
por ejemplo en Canadá, Sudáfrica, EEUU o Alemania, en dichas experiencias hubo
tres condiciones importantes para que la minería contribuya al desarrollo.
Una primera es la inversión tecnológica. El dinero proveniente de la minería se
utilizó para desarrollar ciencia y tecnología no sólo para el sector minero,
pero eso no ocurre en el Perú, porque buena parte de lo que se obtiene de la
minería se remesa al exterior a las casas matrices de las empresas. Además, la
inversión en ciencia y tecnología en el país es una de las más bajas en América
Latina.
La segunda condición: el valor agregado, aspecto que no se tiene en el país;
seguimos exportando principalmente concentrados, y en el caso del oro se vende
como doré, mientras que la mayor refinación ocurre en Inglaterra, Suiza o EEUU,
así gran parte de la cadena de valor está fuera del país, aún cuando tenemos un
enorme potencial en orfebrería.
La tercera condición: diversificación de la economía; con la renta proveniente
de la actividad minera se apoyó al desarrollo de otros sectores como la
industria automotriz en EEUU, o se aplicó fondos de inversión para el
desarrollo forestal en Canadá, o para el desarrollo de un conjunto de
industrias que se han convertido en industrias de punta y competitivas en el
mercado mundial”.
POR UNA MAYOR CAPITALIZACIÓN SOCIAL
Se trata de un tema central. Para que la minería se convierta en una palanca de
desarrollo económico y social a nivel local, regional y nacional, debiera haber
una mayor capitalización que se estima por la más alta participación del “valor
de retorno”, que significa una mayor tributación real de las empresas por medio
de impuestos y rentas, regalías, derecho de vigencia. Una integración de
mercado con la industria, con eslabonamientos hacia atrás (a quién le compra la
minería) y eslabonamiento hacia adelante (a quién le vende la minería),
superando los enclaves económicos existentes. Un indicador real del pobrísimo
eslabonamiento industrial es el bajo consumo interno de los minerales extraídos
en el Perú. Ni el 5% del oro o cobre producido en el país se transforma por la
industria local, exportando mayormente concentrado como en los años veinte del
siglo pasado. ¿Cuánto cobre, zinc, plata o acero se consume por persona?
Por último, un mayor valor retorno, implica sueldos y salarios acorde con la
productividad, la rentabilidad y la globalización de las relaciones sociales de
producción y distribución, superando las remuneraciones mineras que constituyen
una fracción a las vigentes a otros países. Peor aún, los regímenes de contrata
con la explotación de la fuerza de trabajo constituyen una práctica común, en
la mediana y pequeña minería en especial, que abarata los salarios a límites
infrahumanos.
Una mayor capitalización social de la minería no implica la participación del
Estado con empresas públicas. Esta experiencia la pueden reproducir otros
países como la Venezuela de Hugo Chávez o la Bolivia de Evo Morales con modelos
económicos que no resultan sostenibles en el tiempo. Es más, esas experiencias
se han aplicado en nuestro país y han significado mayor corrupción y pobreza.
Por ello, una regulación moderna con un Estado y un gobierno democrático de
prácticas transparentes, puede negociar con las empresas mineras,
transnacionales y de la mediana minería, para exigir una mayor contribución por
medio del abono de las regalías mineras sin excepción, por el cumplimiento de
un real canon minero como participación sobre el valor del producto minero. Una
negociación estratégica que regule las especulaciones de las empresas junior en
los mercados internacionales. En tal sentido, cabría preguntarse ¿Cuánto ha percibido
el Estado por la venta de las acciones sobre el Proyecto Toromocho al pasar de
manos de Minera Perú Copper a la empresa Chinalco, por valor superior a los 700
millones de dólares? Nada.
Por tanto se requiere de un Estado que defienda el valor de los recursos
naturales no renovables como los productos mineros que no tienen sustituto ni
sucedáneos. Exigir una mayor contribución social supera los límites del abono
del impuesto a la renta, pues no se está pagando por el agotamiento ni por la
explotación de un recurso no renovable.
En tal sentido, el cura Marco Arana tiene razón cuando exige el cumplimiento
del pago sin excepciones de las regalías mineras, por parte sobre todo de la
gran minería que opera en el país como Minera. Antamina, Minera. Yanacocha, Minera.
Cerro Verde o Minera. Tintaya, que se escudan en los contratos de estabilidad
jurídica y administrativa, afectando los ingresos fiscales y regionales. En tal
sentido, afirma que:
“Se debe ampliar la base tributaria; debe haber un
estándar para que todas las empresas mineras paguen regalías, y no como ahora
que sólo unos cuantos pagan porque tienen un acercamiento mayor al Estado; las
empresas deben salir a explicar a la población porque algunas pagan y porque
otras no.
Otra medida sería la restitución del canon minero, recordemos que el canon es
el pago por la extracción del mineral. Las empresas mineras no están pagando
canon minero porque sólo pagan impuesto a la renta y de ese pago el 50% va para
las regiones, pero como actividad económica no pagan por la extracción del
mineral.
Seremos respetuosos de los contratos de estabilidad jurídica y tributaria, pero
revisaremos cada uno para ver cuáles pueden haber sido dolosos y lesivos para
el Estado, en renegociaciones a favor de las empresas, ampliando sus plazos o
introduciendo otras normas que les son más benéficas. También desde el Estado
podemos revisar los contratos y llegar a un nuevo acuerdo según niveles de
precios para que aporten más las empresas cuando los precios les son
favorables”
En verdad, este nuevo credo minero representa el pensamiento crítico que supone
una nueva política económica, un patrón de acumulación alternativo a las
políticas de libre mercado que son las grandes responsables de la crisis
financiera mundial y de la pobreza en nuestro país. Hoy más que nunca debiera
recordarse la frase de José Carlos Mariátegui, sobre la necesidad de
“Peruanicemos el Perú”, con una mayor capitalización social de la minería con
canon y regalías.
Nota del autor : Los extractos citados corresponden a una entrevista efectuada por la
Revista de Minería, Energía e Hidrocarburos AllpathayaPerú, publicada en la
edición nº 5 de enero 2010.
*Director Grupo Editor del Norte
